Piura enfrenta una crisis de inseguridad que no puede reducirse a causas económicas ni a la llegada de migrantes. Aunque existen datos oficiales que refutan la relación directa entre la migración venezolana con la criminalidad, como el hecho de que los migrantes venezolanos representan solo un 2% de la población penitenciaria, la percepción de inseguridad se mantiene alta. Los desafíos de este problema incluyen, además, el avance de la tecnología, el acceso a bienes materiales y una falta de confianza en las instituciones encargadas de velar por la seguridad ciudadana.
¿Es realmente la migración el problema?
A pesar de los datos que indican una baja participación de venezolanos en actividades delictivas, la narrativa pública suele asociar la migración con la criminalidad, incentivada por el enfoque mediático en casos particulares. Según el sociólogo Eduer Bernilla Rodríguez, la percepción de inseguridad va más allá de la migración y está vinculada también con el crecimiento económico de las ciudades grandes. Para él, no es una cuestión de pobreza, sino de una estructura social debilitada, en la que el acceso a bienes materiales y la tecnología facilita nuevas oportunidades para el crimen.
Una reflexión sobre la tecnología y la falta de ética
Bernilla señala que la tecnología, aunque ha aportado ventajas, también ha generado nuevas formas de delincuencia. «El acceso a bienes no siempre va de la mano con una estructura ética sólida», sostiene, destacando que esto ha permitido la explotación de los recursos tecnológicos y económicos para fines ilícitos. En Piura, donde la delincuencia ha crecido junto con la infraestructura tecnológica y el acceso a créditos para la compra de bienes, la situación se ve exacerbada, sumando una nueva dimensión al desafío de la seguridad pública.
Desconfianza y fragmentación en las políticas de seguridad
Otro factor clave es la desconexión de las políticas de seguridad entre instituciones nacionales y regionales, lo cual, según Bernilla, debilita los esfuerzos en conjunto. La falta de coordinación no solo permite que la criminalidad florezca, sino que también alimenta la desconfianza de la ciudadanía en las autoridades. En un contexto donde la corrupción es percibida como endémica, la participación ciudadana se reduce, restando posibilidades de éxito a las iniciativas de seguridad.
¿La pobreza como causa de criminalidad?
El sociólogo difiere de la idea de que el desempleo y la pobreza son las causas primordiales de la inseguridad. En ciudades desarrolladas, los índices de criminalidad siguen altos, un fenómeno que, según Bernilla, debe entenderse como una falta de cohesión social. «Es fundamental que se replantee la relación entre desarrollo y seguridad», agrega, sugiriendo que la solución no solo depende de la economía, sino de una estructura ética sólida que permita enfrentar los desafíos de la modernidad.
Propuestas para un cambio integral
Como solución, Bernilla plantea fortalecer las instituciones de seguridad, aumentar la aplicación rigurosa de la ley y fomentar la organización comunitaria. Ejemplos de participación social, como las rondas campesinas en Cajamarca, demuestran que la ciudadanía puede ser un actor clave en la lucha contra el crimen. La colaboración entre instituciones y la comunidad permitiría un control más efectivo y una respuesta rápida ante situaciones de riesgo, devolviendo a la población la confianza en la seguridad pública.
Reflexión Final
La inseguridad en Piura, y en otras grandes ciudades, es un problema que necesita un enfoque integral. La percepción de criminalidad asociada a los migrantes, la falta de ética en el acceso a bienes y una débil estructura institucional subrayan la complejidad de esta crisis. Para Bernilla, es esencial reconstruir la confianza en las instituciones, aplicar políticas que realmente beneficien a la población y aprovechar los recursos comunitarios para crear entornos seguros.
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